En un extenso comunicado, los usuarios acusan a Nexport de haber «abusado» de la concesión que obtuvo en 1995, «al haberse atribuido funciones que no le pertenecen». Es el caso, dice la asociación, de la zona del varadero, «donde ha venido realizando actividades propias de un polígono industrial».
El presidente de la entidad, Tolo Torres, solicita a Ports que «realice una auditoría y abra las investigaciones necesarias para aclarar si la actuación de la concesionaria se ha ceñido o no a la ley». Es más, denuncia que durante los meses de verano se sobreexplotan los amarres y se ocupa el puerto por encima de lo legalmente permitido, agravando de este modo el riesgo de accidente.
La asociación pretende defender así al «pequeño propietario, que tiene una barquita y lo único que quiere es disfrutar de un rato de ocio, pescar o navegar tranquilamente por el litoral». Una práctica que ve amenazada por «la ambición desmedida de una concesionaria que pretende multiplicar por cuatro el precio de mantenimiento del amarre», obligando así a los usuarios a tener que renunciar a su barca «y a esta forma de vida tan nuestra, heredada de padres a hijos».
La «codicia de unos pocos»
«No podemos permitir que la codicia de unos pocos trunque la ilusión y el bienestar de muchos», dice el presidente de la entidad, quien expresa su «total rechazo a las actuaciones y amenazas que la todavía concesionaria de los amarres ha proferido estas semanas» públicamente.
Hace unos meses, los usuarios recibieron una carta de Nexport en la que les exigía «el pago del canon del año que viene, con una subida espectacular de la tarifa». Todo ello sin que haya acreditado ni tenga aprobada ninguna prórroga de la concesión más allá de abril del próximo año.
La única inversión realizada, asegura, ha sido para instalar unos pantalanes, pero «para beneficio exclusivo de la concesionaria» y que, además, han sido sufragados entre los propios amarristas. Ports reclama también las tasas que ha dejado de pagarle estos últimos años.
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