El acuerdo del Gobierno con ERC y Bildu permitirá aprobar en el Congreso de los Diputados la Ley de la Vivienda, una de las medidas estrella del Ejecutiva de coalición pero que la negociación estaba bloqueada desde hace más de un año.
¿Por qué es importante este acuerdo?
Con esta ley se permitirá contener el precio de los alquileres en las zonas tensionadas, es decir, aquellas donde los alquileres han subido más en los últimos años o su pago representa un esfuerzo de más 30 por ciento sobre la renta media por hogar.
Cambios
En el acuerdo, se introducen 11 cambios de calado respecto al texto que aprobó el Consejo de Ministros el año pasado, entre ellas que el tope en la subida de los alquileres en zonas tensionadas afectará también a las viviendas que salgan nuevas al mercado.
Las principales novedades son las siguientes:
1. Establecimiento de un tope máximo del 3% en la subida de todos los alquileres para 2024, y creación de un nuevo índice de precios de referencia que no superará el IPC a partir de 2025.
2. Las comunidades autónomas podrán regular todos los alquileres en las áreas tensionadas, y se aplicará la contención de rentas tanto para pequeños propietarios como para grandes tenedores.
3. Ampliación de la limitación de precios referencia al sistema de índices de precios a grandes tenedores personas físicas, y no solo jurídicas.
4. Para declarar un área tensionada basta con que se cumpla una de estas dos condiciones (no las dos como se contemplaba en la redacción inicial):
- que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30 % de la renta media de los hogares
- o que el precio de compra o que el alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada.
5. Se rebaja de diez a cinco el número de viviendas que debe tener un propietario en una misma zona tensionada para ser considerado ‘gran tenedor’.
6. Posibilidad de aplicar los límites del índice de referencia de precios a las nuevas viviendas que no hayan estado alquiladas en los últimos cinco años.
7. Podrá aplicarse una prórroga extraordinaria de un año por situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica en los contratos de arrendamiento de vivienda.
8. Incorporación de medidas de protección contra los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Se aplicará un sistema de arbitraje que propicie el acuerdo entre arrendador y arrendatario. De no haber acuerdo, se concede el tiempo necesario para que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales y se habilita al juez a establecer plazos superiores.
9. Los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario.
10. Eliminación del IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos.
11. Los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida aumentan del 30 % al 40 % en el suelo urbanizable (actuaciones de nueva urbanización) y del 10 % al 20 % en suelo urbano no consolidado (actuaciones de reforma o renovación de la urbanización) para impulsar la vivienda protegida en alquiler a precio limitado.
¿Qué pasa a partir de ahora?
La ley pasará a tramitarse en el Congreso de los Diputados. Los partidos del acuerdo quien aprobarla antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.
