La entidad ha preparado una carta con la argumentación para el recurso de inconstitucionalidad, un escrito que prevé dirigir a La Moncloa en los próximos días. El GOB fundamenta ese recurso en la vulneración de los «principios de igualdad, seguridad, no regresión y protección ambiental». Entiende, además, que es «una medida totalmente antidemocrática» y acusan al Govern de «no justificar en absoluto la urgencia» para ser aprobado sin los trámites de un proyecto de ley ordinario más allá de la intención de hurtar el debate público.
El grupo se refiere, entre otros, a aspectos como la eliminación de la Comisión de Medio Ambiente, la legalización de edificios en rústico como los ‘hortals’ cuya infracción haya prescrito, la posibilidad de ampliar aparcamientos en las playas saturadas, la modificación de la Ley de Reserva de Biosfera de Menorca o la «desarticulación», en sus palabras, de la Iniciativa Legislativa Popular que el GOB impulsó sobre el Bienestar de las Generaciones presentes y futuras.
El GOB recuerda que el decreto del Govern de Marga Prohens, que validará este martes el Parlament para el inicio de su tramitación como proyecto de ley, modifica más de 50 normas. Los ecologistas consideran considera que «implica consecuencias graves en cuanto a las garantías de protección de los recursos naturales y del suelo» y además creen que no se justifica «en absoluto la urgencia más allá de la evitación del debate social y político».
Se personará en cada expediente
En paralelo, el grupo ecologista se personará en los ayuntamientos como parte interesada en todos los expedientes de legalización de construcciones en rústico que se puedan tramitar a raíz de este decreto. La entidad critica que los procedimientos de legalización se realicen en los ayuntamientos, sin pasar por comisiones o informes de otros organismos, lo que hace que estas legalizaciones «sean completamente opacas».
En este sentido, el GOB expresa sus «sospechas de fraude» en expedientes de legalización de ‘hortals’ con esta «nueva amnistía» visto los precedentes de otras regularizaciones en el pasado. «No se puede permitir un nuevo coladero de ilegalidades que premie las infracciones y permita, aún más, que los especuladores hagan negocio a costa de nuestro dañado territorio», han protestado en un comunicado.
Al personarse en los procedimientos, el GOB busca que se le tenga que dar traslado de todos los expedientes, recordando que un informe del Defensor del Pueblo ha avalado que tiene derecho a acceder a ellos. Temen que no se compruebe la antigüedad de las construcciones, puedan legalizarse obras con infracciones no prescritas o se aprueben por la puerta trasera cambios de uso de edificaciones agrarias.
