Más piscinas construidas sin licencia en el campo menorquín. El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico ha abierto expediente sancionador por diversas infracciones detectadas en el agroturismo que se inauguró en año 2019 en la finca de Sant Llorenç (Alaior), comercializado con el nombre Menorca Experimental. La más llamativa, la instalación de nueve piscinas que pasaron los trámites ambientales como estanques para la gestión de aguas pluviales. Según ha podido saber este diario, la propuesta de sanción a repartir entre las partes implicadas en el proyecto de transformación asciende a dos millones de euros.
La incoación del expediente está fechada este mismo mes de noviembre y guarda muchas similitudes con el tramitado contra el agroturismo de Torre Vella, también en Alaior. Como en aquel caso, que hace apenas diez días se saldó con la legalización de la piscinas y un ahorro del 95 por ciento de la multa, ha tenido que ser el grupo ecologista GOB el que ponga en conocimiento de las autoridades urbanísticas las incongruencias existentes entre la declaración de impacto ambiental emitida por el extinto pleno de la Comisión Balear de Medio Ambiente y la realidad observable a simple vista.
En la documentación del proyecto informada por el organismo ambiental se expone que solo está prevista una piscina de 233 metros cuadrados y «estanques para la gestión del agua pluvial de cubiertas». No hace falta acudir a las imágenes satelitales para comprobar que el uso que se les da a estas instalaciones es claramente el de piscina privada para las habitaciones más lujosas del establecimiento, que de hecho las utiliza como uno de sus principales reclamos comerciales a través de su página web.
La propuesta de sanción es de 500.000 euros para el promotor, el constructor, el director de obra y el arquitecto, en total dos millones no solo por las piscinas construidas sin permiso, pequeñas pero que sumadas doblan la lámina de agua de la piscina autorizada, sino por otras infracciones detectadas por los inspectores del ente público de control urbanístico en el campo, como una nueva entrada para vehículos, un camino, un aparcamiento y más pavimento del inicialmente previsto en el proyecto que logró la declaración de interés general por parte del Consell, administración encargada de velar por el cumplimiento de las condiciones no solo urbanísticas, sino también ambientales.
El apunte
Una legalización más difícil que en Torre Vella: el nuevo PTI solo permite una
