Para empezar, las viviendas que realmente están disponibles para su uso social son 21.000 en todo el país, de las que apenas 120 corresponden a Balears. Esta cifra queda muy lejos de las 447 viviendas que el llamado banco malo admite tener en las Islas y que el Govern de Francina Armengol esperaba recibir como cesión.
La otra novedad del anuncio efectuado ayer por la vicepresidenta de Asuntos Económicos Nadia Calviño es que no habrá una cesión como tal de estas viviendas a las comunidades autónomas sino que se negociarán acuerdos de venta. Dicho de otra forma, los ejecutivos regionales y ayuntamientos deberán pasar por caja para incorporar estas viviendas a su parque de alquiler.
Las que tocan a Menorca
Si en toda Balears hay 120 viviendas disponibles, es de esperar que a Menorca le corresponda solo una pequeña parte. De momento no se han facilitado los datos desglosados por islas, pero en todo caso tampoco serán las 133 que aparecían en el estudio elaborado por la Conselleria de Vivienda del Consell Insular a partir de los datos del Registro de la Propiedad.
Si las viviendas disponibles en toda España son 21.000, ¿cómo se llega a la cifra de 50.000 que el presidente Pedro Sánchez anunció en el mitin del PSOE de Valencia del pasado fin de semana? La respuesta es que la Sareb suma otras 14.000 viviendas que actualmente ya están alquiladas y 15.000 que todavía están por construir.
Muchas de las familias que tienen su casa arrendada a esta sociedad de mayoría pública ya pagan alquileres sociales. El compromiso del Gobierno central es tratar de identificar a los inquilinos vulnerables y contribuir a su inclusión social mediante la vivienda. Para ello se compromete a trabajar con los Servicios Sociales para ayudarlos a encontrar empleo y acceder a las ayudas a que tienen derecho, como el ingreso mínimo vital.
Suelo disponible
Como se ha indicado anteriormente, el plan de la Sareb incluye la cesión de suelo urbanizable en todo el país mediante acuerdos con empresas privadas para desarrollar 15.000 viviendas. Se trata en este caso de un proceso gradual que puede alargarse durante años y no se ejecutará, por tanto, de forma inminente.
La operación consiste en ceder el derecho de edificación a una constructora que, a cambio de hacer los pisos, cobraría un alquiler durante un plazo por definir pero que podría oscilar entre los 50 y 80 años. Los inquilinos que vivan en estas promociones tendrán acceso a precios por debajo de las viviendas que se comercializan en el mercado libre.
El apunte
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