La oposición española espera el descontento de los votantes
Los problemas económicos de España pueden llevar a los votantes a pedir un cambio de gobierno. Sin embargo, la creciente fragmentación política podría causar parálisis.
Este año será significativo para la política española, con elecciones generales previstas para diciembre. La inestabilidad política en España, una nación de 47 millones, podría tener graves consecuencias.
Las fuerzas de la oposición española denuncian lo que denominan una crisis institucional y un golpe de Estado contra el orden constitucional. Vox, el principal partido de la oposición, busca una moción de censura contra el Gobierno.
Es poco probable que este acto simbólico tenga éxito ya que el gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, solo cuenta con el apoyo de la mayoría de los parlamentarios.
El Partido Popular, la principal fuerza de oposición, está bajo presión para unir a la oposición contra las leyes de la coalición gobernante. El partido, sin embargo, ha declarado que no votará en contra ni a favor de la moción de censura.
El Partido Popular, sin embargo, ha exigido elecciones anticipadas. Cuestionó la legitimidad del gobierno y lo acusó de aprobar legislación fundamental a la que se opusieron los votantes.
Si eso falla, los votantes elegirán a 350 miembros del Congreso de los Diputados ya 208 de los 265 senadores del Parlamento bicameral de España, conocido oficialmente como Cortes Generales.
Desde 2008, cuando España fue una de las más afectadas por la Gran Recesión, España ha estado en múltiples crisis. En 2013, la tasa de desempleo había aumentado al 25 por ciento.
La crisis financiera que comenzó en 2008 se convirtió en una crisis social con profundas implicaciones políticas. Esto fue evidente en el ascenso de Podemos. Comenzó como un movimiento de protesta contra las medidas de austeridad.
Esta sólida actuación acabó con el modelo bipartidista que incluía al Partido de los Trabajadores Españoles de centro-izquierda y al Partido Popular conservador, que había caracterizado a la democracia española desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
Esta nueva estructura política creó un nuevo desafío en 2017 cuando el referéndum catalán por la independencia de la región reavivó el conflicto entre unionistas y separatistas. También tuvo implicaciones políticas más allá de Cataluña.