Todo son logros del Govern, del Ajuntament o del Consell. El pasado viernes había 17 comunicados en la web del Govern, con anuncios como la subida de sueldo para los trabajadores de la Fundació para la Dependència, la presentación de nuevas estaciones hidrométricas en Menorca o que la Direcció General de Sobirania Alimentària organiza el I Concurso de Empanadas de Cordero. En los últimos días se ha anunciado un colegio en sa Pobla con la misma nota de prensa con la que se anunció hace casi un año, en mayo de 2022. Ahí sigue el solar, intacto por ahora.
¿A qué se debe esta fiebre propagandística de las instituciones, esos anuncios dispar y múltiples, ese trasiego constante de cascos y palas en medio de una hiperinflación de primeras piedras? La explicación es una fecha: el 3 de abril. En apenas dos semanas la presidenta del Govern, Francina Armengol, firmará el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas y a los consells -las municipales las convoca el Gobierno- y, en ese mismo momento, se acabaron los anuncios propagandísticos de las instituciones. La legislación electoral no permite jugar con ventaja a quien gobierna, así que, desde el momento en que se convocan las elecciones, el Govern no podrá seguir realizando actos de propaganda de sus logros. Se acabó.
Esa es la razón que explica por qué el Govern no para de presumir, y más que lo hará en esas dos semanas que quedan hasta que Armengol firme el decreto de convocatoria. Balears entrará entonces en los dos meses de mayor nerviosismo político de los últimos 16 años. Desde 2007 no había habido una elecciones tan reñidas como las del próximo 28 de mayo y eso ayuda a entender las carreras por las primeras piedras y lo que veremos a partir de ahora hasta la celebración de los comicios: las denuncias ante la junta electoral por incumplimientos varios de los partidos.
Bien lo supo Jaume Matas precisamente en 2007. En mayo de ese año, a unos días de las elecciones, el entonces president y candidato del PP anunció la presentación del proyecto del Palacio de la Ópera, una propuesta del arquitecto Santiago Calatrava que debía erigirse en medio de la bahía de Palma. La maqueta de aquel fasto claramente electoral había costado un millón de euros, pero el PSIB presentó una denuncia ante la Junta Electoral y ganó. La Junta dejó a Matas sin presentar el proyecto y, días después, los ciudadanos dejaron a Matas, en las urnas, sin la Presidència del Govern y Palma se quedó sin el faraónico proyecto que pretendía competir con la Catedral a la hora definir el perfil de la ciudad.
