La sentencia valora que la Fiscalía General del Estado conocía esa relación afectiva porque el propio Cano pidió un informe a la Inspección Fiscal sobre esa situación. Ese mismo órgano emite un dictamen con la validez de cada uno de los aspirantes a un cargo discrecional. Sin embargo, esa información no se puso encima de la mesa del Consejo Fiscal cuando abordó el nombramiento. «La inspección fiscal debió hacer indicación de esa circunstancia o, cuanto menos, trasladar esos hechos a la reunión del Consejo», dice la sentencia.
El Supremo indica que tenía ser ese órgano quien decidiera si existía una incompatibilidad, como marca el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La resolución alude también a la comisión de servicios que obtuvo el fiscal que provocaba la posible incompatibilidad. Dos días antes de que las candidaturas fueran valoradas por el Consejo, este fiscal pasó a ocupar una plaza temporal en el Ministerio de Justicia, de forma que, según sostenía la Abogacía del Estado en su contestación a la demanda, evitaba la posible incompatibilidad.
Sin embargo, la sentencia de la Sala de lo Contencioso pone pegas a esa comisión de servicios también porque no pasó por el filtro del Consejo Fiscal. «Nuevamente resultó obviada una competencia del Consejo Fiscal. Competencia que, en este caso, está directamente conectada con la referida a la facultad de resolver la posible concurrencia de la causa de incompatibilidad».
De esta manera, la decisión del Supremo devuelve la jefatura de la Fiscalía en las Islas a la fase del concurso, al momento de valorar la validez de los tres candidatos que optaron al cargo: Cano, Díaz Cappa y el entonces fiscal superior, Bartomeu Barceló. El primer trámite, según la sentencia sería establecer si Cano puede presentarse o no al cargo que ejerce desde julio de 2023 por esa posible incompatibilidad. A partir de ahí, el Consejo Fiscal debería pronunciarse sobre los candidatos. En todo caso, el nombramiento del Fiscal Superior depende del general del Estado, Álvaro García Ortiz que fue quien optó por Cano y propuso su nombramiento al Ministerio.
El Supremo ha anulado otros nombramientos llevados a cabo por Álvaro García Ortiz: en dos ocasiones el que afectaba a la anterior fiscal general, Dolores Delgado como fiscal de Sala.
