En la solicitud presentada al Supremo, el juez Calama detalla las acusaciones contra Alvise por presuntos delitos electorales y de financiación ilegal de partidos. Se alega que habría recibido 100.000 euros en efectivo del empresario Álvaro Romillo para financiar su campaña a las elecciones europeas con la agrupación llamada ‘Se acabó la fiesta‘. Según el juez, «existen indicios sólidos» de posibles delitos cometidos por el parlamentario europeo.
El juez de instrucción ha expuesto en su documento al Supremo que se debe investigar tanto a Alvise como a Romillo debido a la «íntima conexión» en la presunta conducta delictiva observada en ambos. El magistrado sostiene que las acciones de Pérez y Romillo son, en sus palabras, «la cara y cruz de una misma moneda», lo que justificaría un examen conjunto de sus actividades en este caso específico.
Álvaro Romillo
Álvaro Romillo es un empresario conocido en diversos sectores económicos de España, cuya supuesta implicación en este caso sugiere posibles problemas de cumplimento normativo. La acusación principal sostiene que Romillo presuntamente facilitó dinero en efectivo a Alvise, lo que podría clasificarse como una grave violación de las leyes sobre financiación de partidos políticos si se comprobara su veracidad.
El hecho de que Alvise sea aforado significa que, debido a su cargo como eurodiputado, cualquier acusación legal en su contra debe ser gestionada por tribunales superiores, como es el caso del Supremo. Esta protección jurídica está diseñada para permitir que los parlamentarios lleven a cabo sus deberes sin interferencias legales menores, aunque no excluye la persecución de delitos graves.
El Tribunal Supremo deberá ahora decidir si acepta la propuesta de la Audiencia Nacional para iniciar una investigación formal, lo que podría llevar a procesos legales más extensos dependiendo de las pruebas y acusaciones que se presenten. Este tipo de casos suelen ser complejos y pueden tardar meses o incluso años en resolverse, dada la necesidad de un escrutinio detallado de las pruebas, declaraciones y posibles apelaciones. En última instancia, de ser hallado culpable, Alvise podría enfrentarse a sanciones severas que incluirían multas o incluso la pérdida de su mandato como eurodiputado. Por otro lado, Romillo también podría enfrentar consecuencias legales significativas si se probara su implicación en este esquema de financiación irregular.
