Con ocasión del Debate de Política General, Prohens ha querido dejar claro que Balears no renuncia a la reclamación al Gobierno de España de los convenios de carreteras y ha afirmado que si el Estado «tiene recursos para pactar 6.000 millones de inversiones en cercanías de Cataluña, también debe tenerlos también para la red ferroviaria» balear.
El Consell de Menorca calcula que para culminar las obras de la carretera general se precisa una inversión de 66 millones de euros, el triple de la cantidad que quedó pendiente de ejecutar en su día del convenio suscrito con el ministerio.
Adolfo Vilafranca remitió una carta a Óscar Puente, que no ha obtenido respuesta, para reclamar la aprobación de un nuevo convenio. La postura del Ejecutivo central mantenida hasta ahora es que las obras en las carreteras se deben financiar con cargo a las inversiones del factor de insularidad previstas en el Régimen Especial Balear.
«Proyectos imprescindibles»
A la espera de esos fondos de los convenios de carreteras, la presidenta ha informado de que el Govern adelantará a los consells insulars recursos económicos para proyectos «imprescindibles» de mejora de la red viaria balear, entre los que ha citado la carretera general de Menorca, el tramo uno del segundo cinturón de Palma y la reforma de la E-10 de Ibiza.
Prohens ha anunciado, asimismo, que este mes de octubre saldrá a exposición pública el proyecto del nuevo tren de Palma a Llucmajor, que tendrá parada en el aeropuerto y para el que se prevé una demanda anual de 7,5 millones de usuarios.
La presidenta ha realizado el anuncio de esta nueva línea de tren que conectará el centro de la capital balear con el Hospital de Son Llàtzer, el futuro recinto ferial de Palma, el aeropuerto de Son Sant Joan y un aparcamiento disuasorio que se habilitará en el polígono de Son Oms.
Además, el Govern tiene «sobre la mesa» el desarrollo de las líneas de tren a Alcúdia y la de Artà-Capdepera, aunque sin una fecha concreta para su puesta en marcha.
Acceso a la vivienda
Sobre las dificultades de acceso a la vivienda, Prohens ha dicho que es «el principal problema» de Balears y que se siente interpelada por él.
«Aprovechar al máximo lo que hay construido, sin perjuicio de aprovechar al máximo el suelo urbanizable» es la política del Govern en este ámbito, ha resumido Prohens, que ha defendido el plan de choque puesto en marcha con la previsión de sacar al mercado más de 7.000 viviendas por distintas vías.
Según la presidenta, la manera de bajar el precio es poner más vivienda en el mercado, y ha defendido las medidas de permitir crecimiento en altura, división horizontal, reconversión de locales, cesión de suelo público a promotores privados, la construcción de vivienda social y a precio limitado y la puesta en marcha del programa de alquiler seguro este octubre.
Sobre ese programa de alquiler para sacar al mercado 2.000 viviendas vacías, Prohens ha explicado que el Govern hará de intermediario y fijará el precio, garantizará el cobro de las cuotas de alquiler a quienes cedan sus viviendas, les permitirá el cobro anticipado de las rentas y se asegurará de que se devuelven en el mismo estado.
«Los pondremos en el mercado a precios asequibles», ha añadido y ha recalcado que para poder optar a estos pisos hay que ser residente en Baleares desde hace al menos 5 años.
Para dar mayor cobertura a todas estas medidas e incidir en las soluciones, Prohens ha anunciado una nueva ley de vivienda en 2025 que endurecerá las sanciones contra la okupación ilegal para que sea considerada una infracción muy grave.
