El PP lleva este lunes a pleno el Plan Anual de Control Financiero, el primero que ha elaborado la institución para la fiscalización interna de sus cuentas públicas y las de sus entes dependientes, que además de incluir auditorías pone el foco en la concesión de ayudas y subvenciones. Se presenta dentro del bloque económico del orden del día de esta primera sesión plenaria tras la ruptura del acuerdo de gobierno PP-Vox, y en la que el presidente Adolfo Vilafranca afrontará su nueva situación en minoría.
El plan contempla actuaciones de control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas. En concreto, para este 2024 prevé tres actuaciones: comprobar las ayudas otorgadas para paliar las restricciones de la pandemia, los meses de enero, febrero y marzo de 2021; inventariar todas las subvenciones concedidas de 2020 a 2023 y solo justificadas con una declaración responsable del solicitante; y revisar toda la documentación de subvenciones concedidas, en ejercicios ya cerrados, a la asociación de danza oriental Baladí, cuya responsable admitió ante el juez haber presentado facturas falsas para cobrar esas ayudas públicas, tanto del Govern como del Consell.
Cabe recordar que la institución insular se personó en el proceso judicial contra Baladí, al conocerse las irregularidades denunciadas por el Institut d’Estudis Baleàrics, y que al Consell le constan pagos realizados a dicha asociación por un total de 95.995,55 euros entre 2016 y 2020.
Revisión de las ayudas covid
La primera acción, la revisión de las ayudas ligadas a la pandemia en el primer trimestre de 2021, deriva de una nota de Intervención que apunta a esa necesaria comprobación, que ya ha comenzado pero que no estaba finalizada en la fecha de elaboración del plan.
El documento de análisis de riesgos en el que se basa este Plan Anual de Control Financiero –el primero que elabora la institución, pese a que la obligación legal está vigente desde 2018-, señala el área de subvenciones, ayudas y transferencias del Consell como de riesgo alto. Esto significa que existe una probabilidad elevada de que en la gestión se generen incumplimientos de la normativa, que haya una falta de fiabilidad de la información financiera, una inadecuada protección de los activos o ineficacia en la gestión.
La tramitación de las subvenciones, como especifica el análisis, la lleva a cabo cada área gestora del Consell, y en Servicios Generales se dispone de un técnico que revisa la documentación previamente a los acuerdos del Consell Executiu y tramita la subida de información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Se comprueba que se cumplen los requisitos para recibir la subvención y si no se detectan incidencias, se aprueban.
Advertencia de la Sindicatura de Comptes
Aun así la Sindicatura de Comptes, órgano de control externo que audita cada año esta área, ya alertó en sus informes de una serie de incidencias, como la asignación de subvenciones directas. Estas son una excepción a los principios de publicidad y concurrencia, por lo que deben restringirse. Sin embargo en 2020 supusieron el 37,4 por ciento de la actividad subvencionadora del Consell.
La Sindicatura señaló que «no consta» que se lleve a cabo un control sobre los planes estratégicos de subvenciones del Consell y además, dichos planes no incluyen las subvenciones que conceden los entes dependientes, que forman parte de los presupuestos generales de la institución.
El análisis de riesgos señala que el pasado ejercicio 2022 se reconocieron obligaciones por ayudas nominativas por un importe de 2.778.477 euros y cinco de esas ayudas superaron los 100.000 euros de obligaciones reconocidas.
