El alquiler de barcas particulares a turistas: una competencia desleal para las empresas

Recuerdan que deben someterse a auditorías y contar con un plan de riesgos laborales, así como disponer de varios seguros (embarcación, trabajadores, pasajeros). Además, tienen que cumplir con una serie de medidas de seguridad adicionales, como llevar a bordo equipos de seguridad (salvamento y contra incendios, entre otros). Deben, también, respetar el número de plazas máximas y cumplir con la Ley de protección de datos. A todas estas obligaciones genéricas, resaltan desde las empresas de alquiler de embarcaciones de la Isla, se suma que tienen que solicitar al Govern balear una autorización especial de chárter que tiene una vigencia de dos años y que va asociada a una tasa. Asimismo, tienen que efectuar revisiones para comprobar que todo funciona como debe y adquirir el certificado de navegabilidad dos veces cada cinco años, el doble, subrayan, que los propietarios de embarcaciones privadas, que adquieren este mismo certificado una vez cada cinco años.

Destacan, también, que tienen que abonar a Autoridad Portuaria un canon anual para pequeñas reparaciones en el puerto de Maó; y señalan que los barcos de alquiler, a diferencia de los privados, no pueden estar en amarres de gestión directa, mucho más económicos que los que precisan de concesiones. Aparte, enfatizan que ellos cuentan con los conocimientos necesarios y con formación específica para garantizar la profesionalidad de la actividad.

«Muchos de nuestros barcos no se alquilan más de tres meses, por lo que habría una gran distorsión», aseguran. «No se puede hacer la comparativa con los coches o las casas, es necesario que se igualen las exigencias para que haya libre competencia», reivindican desde el sector de alquiler de barcos de Menorca.