Durante una entrevista en Telecinco, Elías Bendodo, vicesecretario del PP, expresó que resulta «inaudito» que no haya mensajes en el dispositivo del fiscal. Aseveró que «todo el mundo sabe, empezando por Sánchez, que el fiscal ha eliminado mensajes para impedir una investigación». Esta acción, según Bendodo, «es un claro acto de obstrucción a la justicia». Estas afirmaciones surgen tras conocer que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no logró encontrar evidencia de comunicaciones en el móvil del fiscal, quien está bajo investigación por un supuesto delito de revelación de secretos.
Contexto
En reacción al respaldo manifestado por el presidente Pedro Sánchez, quien aseguró que el informe de la UCO exonera al fiscal y solicitó disculpas de aquellos que pidieron su dimisión, Bendodo denunció una «estrategia de evasión y blanqueo» por parte del Gobierno. No es la única acusación de corrupción que el PP lanza al partido en el poder: también menciona los casos de los ERE y el «caso Koldo», sugiriendo que existe un «pacto de no agresión» entre Sánchez y el exministro Ábalos.
En lo que respecta a la legislatura, el PP asegura que esta «colapsó hace tiempo», alegando que el Gobierno ha perdido el apoyo parlamentario necesario, lo cual supuestamente quedó demostrado tras la reciente derrota en el Congreso respecto al gravamen a las energéticas, donde el PP se unió a PNV y Junts.
Bendodo también comentó sobre la disposición del PP a mantener conversaciones con diferentes formaciones políticas, mencionando específicamente a Junts. Sin embargo, aclaró que, aunque el PP dialoga con casi todos, existen líneas rojas que no se cruzarán, como no pactar con aquellos que puedan debilitar la unidad de España.
El fiscal general en el centro de la polémica
Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, ha ocupado este cargo desde julio de 2022. Anteriormente, ha trabajado en diversos casos de alta relevancia nacional. La polémica actual gira en torno a los mensajes supuestamente eliminados de su móvil, en un contexto donde la transparencia y la confianza pública son clave para el ejercicio de sus funciones.
La obstrucción a la justicia es un delito que consiste en interferir de manera deliberada en el proceso judicial, ocultando información o influenciando indebidamente una investigación. Las implicaciones legales pueden ser severas. El caso de fraude que involucra a su pareja puede repercutir en la imagen pública de la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque por el momento, no hay acusaciones directas hacia ella.